La Ley Cero a Siempre cumple una década, pero persisten dificultades para garantizar atención integral en zonas rurales y comunidades étnicas.
Colombia cumple diez años de la Ley Cero a Siempre, una política que cambió la manera de entender la atención a la primera infancia, pero que todavía enfrenta un desafío fundamental: garantizar que los derechos lleguen de manera efectiva a todos los territorios. La Ley 1804 de 2016 reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes y estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su desarrollo integral.
La política contempla aspectos fundamentales como salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.
Una década después, de acuerdo con información oficial citada por Red PaPaz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta avances cercanos al 88 por ciento en la meta de atención integral y educación inicial para 1,9 millones de niñas y niños.
Pero el avance nacional convive con importantes brechas territoriales.
Red PaPaz advierte que las mayores dificultades se concentran especialmente en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y territorios afectados por el conflicto armado. En departamentos como el Guaviare, esta realidad adquiere especial relevancia por las condiciones de ruralidad y dispersión territorial.
El material presentado para este balance no entrega una cifra específica sobre cobertura de primera infancia en el Guaviare. Por eso, no es posible establecer con estos datos cuál es el porcentaje de atención departamental ni determinar cuánto se ha reducido la brecha en el territorio.
Actualmente, Colombia cuenta con cerca de 4,34 millones de niñas y niños entre los cero y los cinco años. Garantizar su desarrollo requiere servicios integrales y una capacidad institucional que permita responder a las condiciones particulares de cada territorio.
Para Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, evaluar estos diez años implica preguntarse si la política ha conseguido reducir las brechas y garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.
La organización considera que una política de Estado no puede sostenerse únicamente en el marco legal. También requiere inversión suficiente y sostenida, sistemas de información confiables, seguimiento permanente, articulación entre sectores y capacidad institucional en los municipios.
Red PaPaz hace un llamado al Gobierno Nacional para que destine una inversión en primera infancia de al menos el 1,16 por ciento del PIB. También pide al Congreso, a las autoridades territoriales y a las entidades responsables de la atención integral renovar su compromiso con la primera infancia.
La organización asegura que cerca de 17.000 personas se han sumado a una movilización ciudadana relacionada con esta petición.
Después de una década, el balance deja una conclusión: Colombia avanzó en reconocer la primera infancia como una prioridad de Estado, pero el desafío sigue siendo lograr que ese reconocimiento se convierta en oportunidades reales para cada niño, sin importar si crece en una gran ciudad o en una comunidad rural y dispersa.
