Defensoría del Pueblo advierte persistencia de vulneraciones de derechos en cárceles colombianas.
El organismo evidenció hacinamiento, mala alimentación, infraestructura obsoleta y fallas en la atención a personas privadas de la libertad durante inspecciones realizadas en 2025.
La crisis del sistema penitenciario y carcelario colombiano continúa generando preocupación institucional. La Defensoría del Pueblo advirtió que persisten graves vulneraciones y violaciones de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria (CDT) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Las conclusiones hacen parte del “Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario”, elaborado tras una serie de visitas de inspección y verificación adelantadas durante el segundo semestre de 2025. Según la Defensoría, las inspecciones permitieron evidenciar que continúan fallas estructurales históricas dentro del sistema penitenciario colombiano. Entre las principales problemáticas señaladas aparecen el hacinamiento penitenciario, la infraestructura antigua y deteriorada, las constantes quejas por la calidad de la alimentación y las dificultades en los procesos de resocialización.
La entidad también alertó sobre la situación particular de las mujeres privadas de la libertad, indicando que existen afectaciones importantes en sus procesos de atención y resocialización dentro de los establecimientos carcelarios. Otro de los puntos que genera preocupación es el incumplimiento de alcaldías y gobernaciones frente a sus obligaciones legales sobre la población sindicada, es decir, personas que aún no han sido condenadas judicialmente. Según la Defensoría, esta situación ha contribuido al agravamiento de la crisis y a nuevas vulneraciones de derechos dentro de los centros de detención transitoria.
El informe además evidencia que múltiples problemas siguen repitiéndose pese a los fallos y órdenes emitidas durante años por la Corte Constitucional para superar el llamado estado de cosas inconstitucional dentro del sistema penitenciario colombiano. La Defensoría sostuvo que las dificultades no solo afectan las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, sino también el funcionamiento institucional, la seguridad y los procesos de resocialización que deberían garantizar la reintegración social.
Uno de los temas más sensibles continúa siendo la alimentación. Aunque el documento señala avances parciales en algunos establecimientos, la entidad asegura que persisten constantes denuncias y quejas relacionadas con calidad, cantidad y condiciones del suministro alimentario. El panorama descrito vuelve a poner presión sobre el Gobierno nacional, el INPEC, autoridades territoriales y organismos judiciales, en medio de una crisis penitenciaria que durante años ha sido señalada por organismos de control, organizaciones defensoras de derechos humanos y la propia Corte Constitucional.
