El organismo de control advirtió riesgos institucionales y presupuestales que podrían impactar programas para personas con discapacidad en regiones como Guaviare.
La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la implementación de la política pública de discapacidad en Colombia, al identificar problemas de estabilidad institucional y deficiencias en la gestión presupuestal que podrían afectar la atención de millones de personas en el país. Según el ente de control, uno de los principales problemas radica en los continuos traslados de la rectoría de la política pública entre diferentes entidades del Estado. Esta situación, señala la Contraloría, ha generado dificultades para mantener una dirección estratégica clara, coordinar acciones entre instituciones y exigir resultados concretos en favor de la población con discapacidad.
El informe también advierte sobre la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y Equidad en programas destinados a mejorar las condiciones de acceso socioeconómico de las personas con discapacidad. Para la entidad, esta situación representa un riesgo para el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de inclusión, empleo, participación y garantía de derechos. La advertencia tiene relevancia para departamentos como Guaviare, donde las administraciones territoriales han impulsado iniciativas orientadas a la inclusión social, atención diferencial, acceso a servicios, participación comunitaria y fortalecimiento de proyectos productivos dirigidos a personas con discapacidad y sus familias.
Otro de los puntos que genera preocupación es la incertidumbre sobre el futuro institucional de las funciones que actualmente desarrolla el Ministerio de Igualdad y Equidad. La Contraloría alertó sobre los riesgos que podrían derivarse de la desaparición de esta cartera a partir del 20 de julio de 2026, especialmente en la continuidad de programas y procesos que requieren coordinación nacional y territorial. El organismo de control insistió en la necesidad de garantizar estabilidad institucional, claridad en las competencias y una ejecución eficiente de los recursos públicos para evitar retrocesos en la protección de los derechos de la población con discapacidad.
