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Los bonos de carbono que negocian los indígenas sin respaldo del estado y en desventaja en Vaupés y Guaviare

Al parecer emisarios de una empresa alemana utilizaron a los indígenas para buscar beneficios económicos.

San José del Guaviare, 27 de mayo del 2022.

Guaviare Estéreo logró conocer que a mediados del 2019, la Etnia Nukak aceptó la invitación de una empresa colombiana supuestamente – filial de una alemana – que se había acercado a uno de sus líderes para proponerle un negocio: vender bonos de carbono, una solución financiera a la crisis climática con la que podrían recibir pagos económicos por el cuidado del bosque húmedo tropical dentro de su resguardo cercano.

Muy confundidos porque no entendían la propuesta que hacían los emisarios de la empresa Waldrättung, quienes se reunieron con tres líderes indígenas en el balneario de Agua Bonita.

En medio de comidas y bebidas que les ofrecieron los negociantes de la supuesta empresa alemana, les hicieron firmar un contrato con el que quedaban comprometidos a desarrollar conjuntamente un proyecto de bonos de carbono por 100 años.

Uno de los firmantes del contrato por parte de los Nukak fue Manuel García. Ese documento, cuenta con sellos de la notaría única de San José del Guaviare, estipula que el Resguardo Indígena Nukak Maku — creado por el Gobierno colombiano en 1993, contiguo a un parque nacional del mismo nombre, para salvaguardar a este pueblo indígena y ampliado en 1997 hasta las 954 000 hectáreas de selva amazónica — confiaba a la empresa la tarea de “originar, estructurar, diseñar, implementar y desarrollar íntegramente un proyecto Redd+”.

Según el documento de 14 páginas, Waldrättung — que a veces también escribe su nombre como Waldrettung, que significa ‘rescate del bosque’ en alemán — se encargaba de poner los recursos y el equipo para poner en marcha el proyecto, inscribirlo en uno de los estándares de certificación, registrarlo ante el Gobierno colombiano, validar los créditos de carbono resultantes y venderlos. A cambio, los Nükak se comprometían a que la empresa operara el proyecto de manera autónoma, a conseguir los permisos que fuesen necesarios y a velar porque dentro de su territorio no hubiese ninguna actividad que afectara la cobertura vegetal, como tala de árboles o cultivos de coca.

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