El alto tribunal advirtió incumplimiento del PNIS por lo que el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al mínimo vital.
Luego de evidenciar de los incumplimientos de más de seis años del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- por parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos -DSCI-, el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso administrativo y a la participación de 2629 familias campesinas de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.
Luego de la resistencia de los campesinos del Guaviare, que pese a las enormes dificultades que actualmente atraviesa por cuenta del incumplimiento del Programa de Sustitución, decidieron poner de presente las violaciones a sus derechos fundamentales en esta acción judicial y en diferentes medios de comunicación, persistiendo en que le cumplieron a la Paz. Esto fue corroborado por el Consejo de Estado al señalar que
El Consejo de Estado encontró que no se habían empleado canales efectivos de comunicación que permitieran a las familias suspendidas y excluidas del PNIS tener una oportunidad real de defensa. Así, ordenó adelantar el proceso administrativo que corresponde frente a 295, de los 2629 núcleos familiares, que habían sido excluidos y seis más que fueron suspendidos por supuestos incumplimientos al programa. De ser necesario, la DSCI tendrá que rehacer las actuaciones administrativas que correspondan para cumplirle a estas familias con sus derechos.
En su análisis, el Consejo de Estado estudió el PNIS desde la perspectiva del derecho a la paz, considerando que un grueso importante de familias campesinas que se acogieron al Programa de Sustitución en el Departamento del Guaviare fueron víctimas de desplazamiento forzado y se vieron obligadas a depender económicamente del cultivo de hoja de coca.
Ante esta decisión del Consejo de Estado, solicitan Revisar la hoja de ruta con las organizaciones representativas del campesinado para el cumplimiento de lo faltante del PNIS, Vincular a los municipios del Guaviare a la Nueva Política de Drogas, Cumplir bajo los términos del Consejo de Estado lo pactado con las familias revisando los sobrecostos y entregas a considerar. Garantizar la participación en todas las instancias del proceso de las organizaciones representantes de las familias del Programa PNIS y de las Juntas de Acción Comunal involucradas en el proceso. Garantizar los mecanismos y espacios que den cumplimiento al programa en materia de sustitución económica, y su relación con los compromisos en el marco de lo pactado en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz. Reconocer públicamente que los campesinos y campesinas del Departamento del Guaviare cumplieron con sus compromisos en el marco del Programa PNIS y el Estado fue el que incumplió.
