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Concejo de San José frenó proyecto de alumbrado público

La Comisión Segunda aprobó inversión vial por $2.000 millones, pero negó iniciativa de alumbrado por falta de soporte técnico.

Un intenso debate político se desarrolla en el Concejo Municipal de San José del Guaviare luego de que la Comisión Segunda aprobara varios proyectos impulsados por la administración local, pero rechazara una de las iniciativas más sensibles relacionadas con el sistema de alumbrado público. Según explicó el concejal Yeison Ávila, uno de los proyectos que recibió aprobación fue la modificación del objeto contractual para destinar aproximadamente 2 mil millones de pesos a la compra de material orientado al mantenimiento y mejoramiento de vías en el municipio. Esta iniciativa deberá continuar su trámite en sesión plenaria para definir su aprobación definitiva.

Sin embargo, uno de los puntos que generó mayor controversia fue la votación negativa al proyecto de alumbrado público presentado por la administración municipal. De acuerdo con Ávila, la decisión se tomó luego de considerar que la propuesta carece de estudios técnicos y análisis suficientes que permitan evaluar su viabilidad.

La discusión escaló luego de que la administración municipal radicara una petición en la que cuestiona la actuación de algunos integrantes del Concejo y solicita la conformación de una comisión accidental para revisar lo ocurrido durante el trámite de varios proyectos.

Frente a esa situación, el concejal defendió públicamente el actuar de la Comisión Segunda y aseguró que cada decisión ha sido tomada dentro del marco legal vigente. Recordó además que los corporados no tienen obligación jurídica de aprobar todas las iniciativas presentadas por la administración local y que la Constitución les otorga plena autonomía para votar positiva o negativamente según el estudio realizado.

El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el Concejo Municipal y la administración de San José del Guaviare, en momentos donde varios proyectos de inversión pública dependen de decisiones políticas que podrían definir el rumbo administrativo de los próximos meses. La tensión institucional aumenta y el debate apenas comienza.

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