Defensoría monitorea 161 protestas por elecciones 2026.
La entidad reportó que la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas y pidió evitar denuncias de fraude sin pruebas.
La Defensoría del Pueblo reveló que ha realizado seguimiento a 161 manifestaciones y movilizaciones sociales relacionadas con el proceso electoral de 2026, registradas entre el 1 de enero y el 11 de junio en Bogotá y 71 municipios de 26 departamentos del país. De acuerdo con la entidad, estas expresiones ciudadanas constituyen mecanismos legítimos de participación democrática y ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. El informe señala que el 64 % de las movilizaciones observadas se desarrolló de manera completamente pacífica. Sin embargo, en el 36 % restante se presentaron situaciones que habrían afectado la circulación de personas y vehículos, así como infraestructura pública y privada. En algunos casos también se reportaron afectaciones a la integridad física de ciudadanos.
La Defensoría indicó que el aumento de estas manifestaciones está asociado a diversos factores, entre ellos expectativas sociales y políticas acumuladas, un ambiente electoral marcado por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y hechos de violencia digital. La entidad también expresó preocupación por la circulación de afirmaciones sobre posibles fraudes electorales que, según señaló, no cuentan hasta el momento con evidencia sólida que las respalde. Por ello, hizo un llamado al presidente de la República, a los candidatos presidenciales, autoridades estatales y líderes de opinión para promover mensajes orientados a la convivencia pacífica, el respeto por las diferencias y la confianza en las instituciones democráticas.
Asimismo, pidió que cualquier controversia o inquietud relacionada con el proceso electoral sea tramitada a través de los mecanismos institucionales establecidos por la ley. La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará ejerciendo sus funciones de monitoreo y acompañamiento para contribuir a que la recta final del proceso electoral transcurra en condiciones de respeto por los derechos humanos, participación ciudadana y estabilidad democrática.
