Procuraduría expulsó a un suboficial del Ejército e impuso inhabilidad por diez años por abusos cometidos contra soldados en Calamar.
Un grave caso disciplinario dentro del Ejército Nacional terminó con una de las sanciones más severas impuestas por la Procuraduría General de la Nación en el departamento del Guaviare. El ente de control ordenó la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general por diez años contra el cabo primero David Esteban Mallama Cadena por conductas de acoso sexual y acto sexual violento contra varios soldados bajo su subordinación.
La decisión se relaciona con hechos ocurridos entre agosto y noviembre de 2024 en el municipio de Calamar, Guaviare, donde según la investigación disciplinaria el suboficial aprovechó su posición jerárquica dentro de la institución para realizar comportamientos físicos y verbales de connotación sexual sin consentimiento frente a varios uniformados.
La Procuraduría estableció además que Mallama Cadena incurrió en una conducta aún más grave al ejecutar tocamientos de carácter sexual contra un soldado profesional, conducta que fue clasificada dentro del proceso como acto sexual violento, agravado por la relación de autoridad que ejercía sobre la víctima.
El caso pone nuevamente sobre la mesa un debate sensible dentro de las Fuerzas Militares: la protección de los derechos fundamentales de quienes integran la institución y la necesidad de fortalecer mecanismos internos que permitan denunciar situaciones de abuso de poder sin temor a represalias.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare calificó las conductas como faltas gravísimas a título de dolo, una clasificación que representa el nivel disciplinario más alto dentro de este tipo de investigaciones administrativas.
Aunque la sanción ya fue impuesta, la defensa del uniformado interpuso recurso de apelación, por lo que el caso seguirá su trámite en segunda instancia. Mientras tanto, la Procuraduría reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas de acoso y violencia sexual dentro del ejercicio de la función pública.
Este caso genera preocupación porque evidencia que situaciones de abuso pueden ocurrir incluso dentro de estructuras donde la disciplina, la jerarquía y la confianza institucional deberían ser pilares fundamentales del servicio.
