El diputado William Ramírez cuestionó la resolución de la Secretaría de Educación que contemplaba cerrar cinco escuelas y que después fue derogada.
La posibilidad de cerrar cinco escuelas rurales del Guaviare abrió un debate sobre la participación de las comunidades en las decisiones educativas del departamento. El diputado William Ramírez cuestionó la actuación de la Secretaría de Educación y pidió explicaciones sobre una resolución que contemplaba el cierre de estos establecimientos y que posteriormente fue derogada.
El pronunciamiento del diputado pone sobre la mesa una preocupación de las comunidades rurales: las consecuencias que pueden tener las decisiones administrativas sobre el acceso de niños y niñas a la educación.
¿Qué cuestiona el diputado William Ramírez?
Ramírez manifestó su inconformidad con la actuación del secretario de Educación departamental, César Quevedo. Según el diputado, las decisiones relacionadas con las escuelas rurales deben considerar la opinión de las comunidades que dependen de estos establecimientos.
El dirigente también señaló que las instituciones educativas involucradas han funcionado históricamente en sus respectivas ubicaciones. Por esa razón, cuestionó que se expidiera una resolución de cierre y posteriormente se derogara.
En su declaración, Ramírez sostuvo que el secretario lleva menos de un mes en el cargo y calificó su actuación como improvisada. Esa apreciación corresponde al cuestionamiento del diputado y no constituye una conclusión verificada sobre las razones administrativas de la decisión.
Una resolución que fue derogada
De acuerdo con la información entregada por el diputado, la Secretaría de Educación expidió una resolución que contemplaba el cierre de cinco escuelas rurales. Posteriormente, la misma resolución fue derogada. Sin embargo, la información disponible no identifica los nombres de los establecimientos educativos, las veredas donde funcionan ni los motivos técnicos o administrativos que llevaron a expedir y luego derogar el acto administrativo.
Tampoco se cuenta, en los datos suministrados para esta publicación, con una explicación directa del secretario César Quevedo sobre el alcance de la medida y las razones del cambio.
Estos elementos son fundamentales para establecer si existían dificultades de matrícula, disponibilidad de docentes, infraestructura, recursos u otras circunstancias relacionadas con el funcionamiento de las escuelas. Sin documentación oficial, no es posible afirmar cuál fue la justificación de la resolución.
La preocupación por la educación rural
Para Ramírez, el asunto no debe limitarse a la expedición o derogación de un documento administrativo. El diputado considera que las decisiones deben tener en cuenta a las familias y a las comunidades que han dependido históricamente de estos espacios educativos.
En las zonas rurales, la ubicación de una escuela puede ser determinante para que los estudiantes accedan a clases. Por eso, cualquier modificación que afecte su funcionamiento requiere información clara sobre las consecuencias para los niños, las familias y los docentes.
El reclamo del diputado se concentra en la necesidad de que la Secretaría de Educación explique públicamente lo ocurrido y escuche a las comunidades antes de adoptar decisiones de este alcance.
Las preguntas que siguen pendientes
La derogación de la resolución abre interrogantes que requieren respuesta oficial: ¿cuáles eran las cinco escuelas contempladas?, ¿qué razones sustentaron inicialmente el cierre?, ¿por qué se derogó la medida? y ¿qué garantías existen para la continuidad del servicio educativo en esas zonas?
También está pendiente conocer si la Secretaría de Educación adelantará espacios de diálogo con las comunidades rurales y si publicará los soportes técnicos que permitan comprender el proceso. Por ahora, el pronunciamiento de William Ramírez representa la posición de uno de los actores del debate. La explicación de la Secretaría de Educación y el contenido de los actos administrativos serán necesarios para completar el panorama.
En el Guaviare, la discusión va más allá de una resolución: se trata de aclarar qué decisiones se están tomando sobre la educación rural y cómo se está escuchando a quienes pueden resultar afectados.
