La justicia concluyó que la EPS incumplió durante casi un año un fallo relacionado con la atención médica de un niño en Amazonas.
La crisis por el cumplimiento de fallos judiciales en el sistema de salud volvió a quedar en evidencia en Amazonas. Un juez ordenó el arresto del gerente regional de Nueva EPS en Leticia, Juan Carlos Fontalvo, tras determinar que la entidad habría incumplido durante casi un año decisiones judiciales relacionadas con la atención médica de un menor de edad. La medida fue emitida por el Juez Penal de Ejecución de Penas del Circuito, Juan David Serrano Caro, quien consideró que existió desacato frente a órdenes previamente impartidas para garantizar los derechos fundamentales del niño afectado. Según lo conocido del caso, la captura del funcionario se produjo mientras atendía usuarios en la sede de la EPS en Leticia. La decisión judicial establece que deberá cumplir 30 días de prisión domiciliaria en la capital del Amazonas.
El centro del caso: la atención de un menor
El proceso gira alrededor de presuntos incumplimientos en la prestación de servicios médicos ordenados judicialmente para un menor de edad. De acuerdo con la decisión del juez, las medidas buscaban proteger derechos fundamentales como la salud y la atención integral del niño. El despacho judicial fue enfático en señalar que las decisiones de los jueces son de obligatorio cumplimiento, especialmente cuando involucran a menores de edad, cuya protección tiene prioridad constitucional. El caso vuelve a poner presión sobre las EPS y sobre las dificultades que enfrentan muchos usuarios para lograr que se ejecuten tratamientos, autorizaciones o servicios ordenados mediante tutela.
Un problema que trasciende a una sola región
Aunque el caso ocurrió en Leticia, la situación refleja un problema recurrente en distintas regiones del país: usuarios que acuden a la justicia para acceder a servicios médicos y posteriormente denuncian demoras o incumplimientos. Según seguimiento periodístico y reportes de organizaciones de pacientes, los desacatos a fallos judiciales en salud siguen siendo una de las principales quejas dentro del sistema, especialmente en territorios apartados donde el acceso médico presenta mayores dificultades. En este caso, la decisión judicial busca presionar el cumplimiento efectivo de las órdenes pendientes y garantizar la atención requerida para el menor.
La advertencia del juez
Durante el proceso, el juez Juan David Serrano Caro insistió en que las órdenes judiciales no pueden convertirse en simples recomendaciones administrativas. La decisión deja un mensaje directo sobre la responsabilidad de las entidades prestadoras y sus directivos frente al cumplimiento de fallos relacionados con derechos fundamentales. Mientras avanza el cumplimiento de la sanción, también se espera que la EPS adopte medidas para resolver los casos pendientes que originaron la actuación judicial. El caso ya genera debate sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud en regiones apartadas y sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar funcionarios que incumplan decisiones judiciales.
