Carlos Arturo Rodríguez Celis fue señalado por la Fiscalía de presuntamente direccionar un contrato de 228 millones de pesos destinado a un centro estratégico de la Policía.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador del Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, por presuntas irregularidades detectadas en un contrato firmado en diciembre de 2015 para la adquisición de equipos electrónicos destinados a la creación de un Centro de Información Estratégico Policial Seccional, conocido como CIEPS.
De acuerdo con la investigación presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el contrato ascendía a 228 millones de pesos y, presuntamente, habría sido direccionado a un único proponente que no cumplía con los requisitos contractuales ni con las exigencias legales del proceso.
Fiscalía cuestiona proceso contractual
Según el ente acusador, durante el desarrollo del contrato también se habrían presentado incumplimientos en la entrega de los equipos tecnológicos pactados. La Fiscalía sostuvo que el contratista únicamente entregó 8 de los 30 equipos contemplados para dotar la sala policial. Además, indicó que dichos elementos no cumplían las condiciones técnicas requeridas, motivo por el cual fueron devueltos.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el proveedor no reemplazó los equipos ni completó la totalidad de los elementos contratados.
Presunta apropiación de recursos públicos
La Fiscalía señaló que, presuntamente, el entonces gobernador permitió que el contratista se apropiara de manera indebida de los recursos destinados al proyecto, dineros que provenían del Fondo de Solidaridad Departamental. Por estos hechos, Carlos Arturo Rodríguez Celis fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Los cargos fueron formulados en concurso heterogéneo, figura jurídica utilizada cuando se investigan varias conductas penales diferentes dentro del mismo proceso.
Los cargos no fueron aceptados
Durante la diligencia judicial, el exgobernador no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales. El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre la contratación pública y el manejo de recursos destinados a proyectos de seguridad y fortalecimiento institucional en las regiones del país.
