Los delitos formulados por la Fiscalía son contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Con ocasión de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de tres contratos que buscaban garantizar asistencia técnica agropecuaria para la población indígena del departamento.
Los contratos investigados fueron celebrados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, superaron en valor los 11.069 millones de pesos, y se ejecutarían con comunidades de Mitú, Carurú y Taraira.
